Vuelve la doctrina Chocobar, así lo manifestó Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, relanzó este jueves el protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que había establecido durante su gestión en 2018, durante el mandato de Mauricio Macri, y que fue suspendido en 2019 por el Gobierno de Alberto Fernández.

En medio de las denuncias y cuestionamientos por la represión desplegada en los alrededores del Congreso Nacional cuando se trató el proyecto de Ley Ómnibus, que finalmente volvió a comisiones, la ministra decidió profundizar el discurso de mano dura y brindó una conferencia de prensa para explicar detalles del relanzamiento del protocolo.

En el comunicado de convocatoria a la conferencia, en la que estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el jefe de Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez, se remarcó el "compromiso inquebrantable" de Bullrich de proteger a quienes nos protegen”.

"Las fuerzas de seguridad en una cantidad de lugares del país hoy están total y absolutamente indefensas", dijo la ministra en declaraciones a la radio Rock & Pop, antes de encabezar la conferencia. 

"Cuando la Prefectura Naval en una embarcación no puede llevar armas largas y le tiran desde la costa de enfrente que es otro país o se le acercan a la embarcación y se la tirotean. ¿Qué hacen? Se tienen que tirar cuerpo a tierra porque no pueden defenderse ni hacer nada", ejemplificó. En esa línea, criticó que con la derogación del protocolo en 2019 se prohibió "el uso de armas sobre todo en zonas de fronteras", función que va a reestablecerse.

 
El regreso de este polémico protocolo tiene lugar a menos de un mes de la reunión que Bullrich mantuvo con el expolicía Luis Chocobar, condenado por matar por la espalda a un joven que huía tras atacar a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en el año 2017. En ese encuentro hablaron, entre otras cosas, sobre planes para “modernizar y adaptar” la legislación del Código Penal para “garantizar un marco legal que ampare a quienes defienden la seguridad pública”.

El protocolo de Bullrich
A fines de 2018, Bullrich estableció el "Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, pensado para “situaciones de peligro inminente de ataque con armas letales contra las figuras de los líderes” mundiales que llegarían a la Argentina para participar de la cumbre del G20, según argumentó entonces. 

 
En ese momento, distintos espacios políticos y  especialistas en materia de seguridad y derechos humanos advirtieron sobre el retroceso que eso significaba y señalaron que el reglamento venía a legitimar acciones policiales como las de Chocobar.

La norma, que ahora fue reestablecida, habilita a las fuerzas federales a tener mayor libertad para disparar sus armas en casos de delitos graves y persecuciones.

En concreto, el reglamento dice que “se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", en los siguientes casos: 

A) En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.
B) Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.
C) Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad.
D) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.
El 20 de diciembre de 2019, la entonces ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, Sabina Frederic, revocó el protocolo, al considerar que ampliaba "de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad, alejándose de las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley establecido por las Naciones Unidas”.

Este jueves, antes de la conferencia de Bullrich, Frederic volvió a cuestionar el  protocolo, al que calificó como una “pena de muerte encubierta”, ya que busca tipificar como “legítima defensa” el accionar de la policía en caso, por ejemplo, de considerar que hay posibilidad de fuga.

“Habíamos estudiado varios de los protocolos que había aprobado como ministra", entre ellos, por ejemplo, algunos para los controles en los trenes, el uso de las pistolas eléctricas Taser y “uno que iba contra la ley de diversidad sexual”, recordó. 

El que reglamentaba el uso de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad, opinó la exministra, era "de los peores o el peor", porque "los otros lo que hacían era incrementar el hostigamiento de la población sin causa", mientras que "este lo que hace es introducir las acciones de las fuerzas de seguridad en la legítima defensa”, explicó.

Lo que propone el protocolo es “ir contra la justicia”, denunció. “Es eliminar el papel del Poder Judicial" cuando en realidad "la policía es auxiliar de la justicia, no decide qué es delito y qué no”, añadió. “Cuando esta resolución habilita al policía a disparar cuando una persona se fugó, lo que está haciendo es asignándole a la policía la suma del poder público”, lamentó.

“Es una pena de muerte encubierta. Debería ponerle freno a este tipo de resoluciones. Esperamos ahora a ver qué pasa. Creo que va a haber que hacer presentaciones contra esto. Es la habilitación del gatillo fácil y la extinción de la Justicia, que es el organismo que define”, finalizó.

El restablecimiento del protocolo fue también cuestionado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que criticó que esa norma "que habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas impunemente, determinó un incremento importante de fusilamientos de gatillo fácil".

"Los números hablan solos. Bastó que en diciembre de 2019 se derogara el protocolo Chocobar para que en los cuatro años siguientes hubiera 35 personas menos asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales", indicó la Correpi en un comunicado.