Diario Lider
La crisis que atraviesa la Obra Social de los Empleados Públicos de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) sumó un nuevo capítulo de tensión en la Legislatura bonaerense. Diputados del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto de ley que busca conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la entidad, con el objetivo de auditar de cerca sus números, su administración y las prestaciones médicas.
La iniciativa surge como respuesta a un aluvión de reclamos provenientes de distintos puntos de la provincia. Según detallaron los legisladores, la acumulación de quejas por parte de afiliados, prestadores y profesionales de la salud expone una realidad alarmante: demoras críticas en las autorizaciones de prácticas médicas, severas dificultades para tramitar reintegros, tratamientos de alta complejidad que se interrumpen de forma abrupta y medicamentos esenciales que nunca llegan a destino.
El diputado provincial Valentín Miranda fue tajante respecto a la urgencia de la situación y la necesidad de respuestas institucionales:
"Los afiliados de IOMA no pueden seguir esperando, solicitamos la creación de una COMISIÓN BICAMERAL DE FISCALIZACIÓN, SANEAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE IOMA", enfatizó el legislador de la UCR.
El proyecto busca que ambas cámaras de la Legislatura bonaerense acompañen, fiscalicen y releven con precisión los datos administrativos, financieros y de prestaciones de la obra social. Los autores de la iniciativa remarcaron que el objetivo de fondo es devolverle la transparencia a un organismo clave para el cuidado de la salud de millones de bonaerenses.
"Queremos volver a conocer a un IOMA que era un orgullo para los bonaerenses", señalaron desde el bloque legislativo, advirtiendo que para recuperar ese estándar se requiere de manera indispensable "transparencia, control y respuestas concretas para todos los afiliados" que hoy se encuentran desprotegidos.
El conflicto con IOMA mantiene en vilo a una vasta porción de la población activa y pasiva del empleo público de la provincia. Con esta movida parlamentaria, la oposición busca forzar al oficialismo a abrir las cuentas de la obra social y reestructurar un funcionamiento que, advierten, está al borde del colapso.
