Badino, en un escrito, habla de "favoritismo" para un funcionario e "irregularidades" en obra de gas

La concejal Leticia Badino del bloque de Unión por la Patria difundió un comunicado de prensa en el que cuestiona la aprobación en el Concejo Deliberante de una obra de gas sin las adhesiones suficientes que “beneficiaría a un funcionario de alto rango” y cargó contra la decisión del oficialismo de eliminar la comisión anticorrupción.

Este es su escrito:

“La última sesión ordinaria del Concejo Deliberante local estuvo marcada por dos nuevas arbitrariedades impuestas por el Bloque de Juntos por el Cambio.
Una de ellas significa un gasto del dinero de la comunidad que, por Ordenanza, no puede hacerse y que beneficia, entre otros, a un funcionario de alto rango.

La otra, un instrumento para paralizar las acciones del Concejo respecto a la evaluación de la responsabilidad política del Ejecutivo en irregularidades que aún no han sido explicadas y para las que buscan silencio y, archivo.
Subsidiar al funcionario, entre otros. Obra de gas en los inmuebles ubicados en las Chacras 318 y 304 (calles Güemes, Carabelli, Paul Harris, Glatsttien y Paula Panal)

Según la nota enviada al intendente y firmada por Marchabalo, elevada luego al Concejo Deliberante, hay 65 adhesiones de vecinos firmadas que, sumadas a 7 inmuebles de propiedad municipal, resultan en 72 adhesiones de 102 lotes a beneficiarse por la obra. Estas 72 adhesiones, de 102 propiedades, comprenden un 71% de adhesión.

Sin embargo, la Ordenanza 5342/2022, denominada “Ordenanza de Obras Públicas del Partido de Trenque Lauquen”, establece en su artículo 15 que “La realización de obras por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras deberá ser solicitada, como mínimo por el setenta por ciento (70%) de los propietarios beneficiarios o poseedores a título de dueños de las parcelas con frente a las obras o por un número de ellos que represente igual porcentaje de la extensión total de los frentes y/o superficies, en su caso. No se computarán para tal cálculo, las propiedades fiscales nacionales, provinciales o municipales”. Entonces, las adhesiones reales, quitando las propiedades municipales que no pueden ser incluidas, representan un 64% del total de lotes, porcentaje insuficiente para avanzar con la obra.

El proyecto establece que se cobrará el mismo valor a todos los propietarios, sin distinción respecto a la magnitud de la propiedad o los metros de frente y, a pesar de los pedidos de un jubilado que deberá pagar el mismo monto que el funcionario, y otros. Al plantear esta problemática, el presidente de la comisión de Obras, Khalil Gómez aseguró que “vamos a avanzar como está porque es un acuerdo entre ellos, no podemos intervenir nosotros, el Municipio tiene la mera formalidad de representarlos”. Si fuera solo un acuerdo “entre partes”, como sostiene Gómez, el Municipio no tendría injerencia y el Concejo menos. Si fuera solo un acuerdo “entre partes”, el Concejo no estaría dictando una ordenanza que establezca que: “El Departamento Ejecutivo queda autorizado para iniciar inmediato juicio de apremio a los contribuyentes morosos”. Lo que está haciendo el Estado, en este caso, además de violar una Ordenanza, es intervenir en favor de unos propietarios por sobre otros, condenando a ser contribuyentes morosos a quienes con anticipación solicitaron ser escuchados. Y lo hace con aval del Concejo.

Según lo establecido en el proyecto que integra la Ordenanza, la recaudación, contando solo los adherentes, será de $ 324.264.705,88 millones. Si el costo establecido por frentista es de $ 4.503.676,47 millones, por los 7 terrenos municipales, la comunidad trenquelauquense estará gastando $ 31.525.735,29 millones. Para que tenga gas la familia del funcionario, y otros, incumpliendo la Ordenanza que regula las obras públicas. Todo muy normal. Responsabilidad política, ¿dónde?

COMISIÓN ANTI CORRUPCIÓN

El Bloque oficialista eliminó la Comisión Anticorrupción y en su reemplazo aprobó por mayoría un Decreto que crea la Comisión de Análisis de Actuaciones Administrativas. La finalidad de esta propuesta es sencilla: Hacer pasar por errores administrativos, decisiones políticas y discrecionales que aún no explican, ni van a explicar.

Al establecer, en su artículo 6 que: “Toda solicitud deberá referirse a hechos o actos administrativos comprendidos dentro de los últimos veinticuatro (24) meses anteriores a la misma”, varios de los subsidios no reintegrables sobre los que solicitamos información y documentación que aún no se ha presentado, quedarán sin evaluar con seriedad dentro de un Concejo que ha abandonado la facultad de controlar el accionar del Ejecutivo. Se establece así, un plazo arbitrario que desconoce la posición enquistada de algunos funcionarios dentro del Municipio y que, además, obstruye la responsabilidad de los concejales de revisar el accionar de quienes integran el Ejecutivo cada vez que alguna acción pueda sospecharse de irregular.

Hace unos días falleció el fotógrafo Armando Pastor. Meses atrás, me abordó afuera el Concejo para platearme una situación. Hablamos de todo un poco. Me dijo, entre varias cosas, que él me había sacado la foto de bautismo en la plaza San Martín. Una foto en la que estoy sentada sobre el pasto, con un vestidito blanco. Pastor me preguntó también “¿Sigue estando acá el patroncito de estancia?” No hizo falta ninguna aclaración.
Efectivamente, acá sigue estando, acompañando ahora a la Promo del cole privado que cree merecerlo todo. La Promo que, asesorada por un dudoso Consejo de Ancianos, cuando se topa con una norma que le dice que no se puede, va pudiendo igual.
Para el caso, según su lema de campaña “ellos son Trenque Lauquen”. O será que Trenque Lauquen es de ellos».