El intendente habló en La Tecla y pidió que se reactiven los programas de viviendas sociales

La decisión deliberada del gobierno nacional de quitar fondos al territorio bonaerense tiene como correlato en el Ejecutivo provincial un reordenamiento de partidas presupuestarias. En ese esquema es que los recursos provinciales son más finitos y el Gobernador opta por ajustar en programas sociales, obras, salud, seguridad y educación. Tal situación es explicada por los intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, en función de lo que viven en carne propia en sus distritos.

El resultado es un particular libro de quejas que atraviesa a todo el mapa político bonaerense. Las demandas fueron planteadas por intendentes del peronismo, del PRO, de LLA y de la UCR, con diferencias lógicas en el diagnóstico, pero con varias coincidencias a la hora de señalar cuáles son los principales problemas que necesitan resolver con la administración provincial.

El reclamo que más se repite tiene nombre propio: IOMA. La situación de la obra social bonaerense aparece como una preocupación transversal, porque afecta directamente a las cuentas municipales y, en algunos casos, condiciona la atención sanitaria de los vecinos.

Las demoras en los pagos que debe realizar a los distritos y la falta de actualización de los valores de las prestaciones son problemas centrales.

La segunda gran demanda tiene que ver con la seguridad, por lo que vuelve a aparecer una situación que los municipios plantean desde hace tiempo. Aunque se trata de una responsabilidad absolutamente provincial, las comunas destinan cada vez más recursos propios para sostener cámaras, centros de monitoreo, combustible, reparación de móviles y equipamiento.

En algunos distritos también se reclama una mayor presencia de efectivos y más patrulleros. Hay municipios que aseguran haber recibido apenas unos pocos móviles durante varios años y que actualmente cuentan con menos policías por habitante que al comienzo de sus gestiones.

La discusión tiene una consecuencia directa sobre las cuentas municipales, ya que cada peso destinado a seguridad es un peso que deja de estar disponible para otras áreas. El dilema se vuelve todavía más evidente cuando los jefes comunales sostienen que deben financiar responsabilidades que consideran propias de la administración provincial.

En ese punto también existe una coincidencia transversal, porque la queja aparece entre intendentes de la UCR, el PRO y el peronismo, aunque cada espacio la formule desde su propio posicionamiento. Algunos piden más recursos y presencia policial, mientras que otros directamente plantean que la Provincia debe hacerse cargo de una estructura que los municipios financian con fondos propios.
La obra pública conforma el tercer gran capítulo de las demandas y el pedido no se limita a nuevos proyectos. En varias comunas se reclama que la Provincia desembolse fondos comprometidos para obras que ya fueron licitadas, adjudicadas o conveniadas.

Pavimentos, cloacas, desagües pluviales, escuelas, viviendas, infraestructura sanitaria y obras hidráulicas forman parte del listado. En algunos casos se trata de trabajos que quedaron demorados y en otros de etapas que todavía no comenzaron pese a que ya existen compromisos asumidos.
El libro de quejas de los intendentes muestra, en definitiva, un problema que trasciende los colores partidarios. Forman parte de una agenda común que se expresa desde municipios gobernados por el peronismo, el PRO y UCR.

El intendente Francisco Recoulat dijo que es necesario que se reactiven los convenios para la construcción de viviendas sociales, asegurando que “la demanda habitacional es creciente y los municipios no podemos afrontarla solos”.

También pidió que el Presupuesto 2027 contemple un fondo de infraestructura, distribuido con criterios objetivos, previsibles y equitativos. “Necesitamos planificar y ejecutar obras de pavimento, servicios básicos, infraestructura urbana y equipamiento comunitario”, señaló.

Y pidió la creación de un fondo específico de seguridad. “Es responsabilidad de la Provincia, aunque los municipios destinamos cada vez más recursos propios a cámaras, centros de monitoreo, combustible, reparación de móviles y equipamiento”.