Alrededor de 30 trabajadores del Peaje fueron desvinculados y cobrarán indemnización en cuotas

El avance del plan de privatizaciones del Gobierno Nacional, articulado mediante el Decreto 97/2025 para desmantelar la empresa estatal Corredores Viales S.A., ha dejado de ser una lejana proyección macroeconómica para transformarse en un golpe directo al tejido social del oeste bonaerense. El foco de la crisis se sitúa ahora de forma dramática sobre la Ruta Nacional 5, específicamente en la estación de peaje emplazada en el tramo estratégico que une a Beruti con Trenque Lauquen.

Allí, la incertidumbre inicial dio paso a una dolorosa certeza laboral. Alrededor de 30 trabajadores han quedado efectivamente en la calle a partir del 30 de junio próximo, interrumpiendo trayectorias que, en los casos más severos, superan las dos décadas de permanencia ininterrumpida prestando servicios en el puesto.

Un acuerdo forzado y el drama del cobro en cuotas

La desvinculación masiva del plantel se formalizó a través de un convenio de retiro. Sin embargo, desde el entorno de los afectados se advierte que el término es un mero eufemismo ante la falta absoluta de alternativas de continuidad o reincorporación por parte del nuevo consorcio privado.

Lejos de tratarse de una salida beneficiosa, las condiciones del alejamiento confirman el peor de los escenarios. Si bien el acuerdo fue firmado por los propios trabajadores ante la presión de quedar desamparados o litigar ante la justicia en el largo plazo, el pago de la indemnización correspondiente se pactó de manera financiada en cuotas. En el actual contexto económico, la fragmentación del cobro precariza de forma extrema la situación de los damnificados que se quedan sin sus puestos de trabajo.

Un destino idéntico al de la Ruta 226

La gravedad de la situación en la Ruta 5 repite el duro destino laboral que padecen en simultáneo sus pares de la Ruta Nacional 226, en el peaje de Hinojo, donde otros 70 operarios de Olavarría y la zona fueron dejados cesantes ante el desembarco del nuevo consorcio.

En ambos casos, el argumento de las empresas concesionarias apunta a que la automatización del sistema de cobro reduce drásticamente la necesidad de mano de obra.