La CGT confirmó este lunes que hará un paro general sin movilización el día que la Cámara de Diputados trate el proyecto de la reforma laboral. Si bien en principio podría ser este jueves, todo dependerá de los tiempos en el Congreso, donde se especula que la otra fecha de sesión sería el miércoles 25.
A la espera que la UTA finalmente se pliegue a la protesta para que no haya colectivos el día que se haga la huelga (algo que se especula se concretará), el triunvirato mantuvo una reunión virtual, donde decidió parar pero sin movilización al Congreso.
De esta forma, el paro de la CGT podrá paralizar todo el transporte en el país ya que también proponen un mayor endurecimiento tanto La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).
La huelga se concretará el mismo día que el oficialismo intente convertir en ley el proyecto, una sesión que aún no tiene fecha. Desde el Gobierno de Javier Milei apuestan a acelerar el dictamen este mismo miércoles y a ir al recinto un día más tarde.
Sin embargo, las diferencias por ejemplo con los cambios en las licencias laborales por enfermedad podrían retrasar esos planes. En caso de que deban seguir negociando, la sesión se haría la semana próxima, el miércoles 25.
La génesis del paro de la CGT
La medida se votó pese a que en el proyecto de ley la central obrera logró dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, que le permitirán sostener el financiamiento de “la caja sindical” y del sistema de salud de los gremios.
Sin embargo, las bases vienen presionando por la grave situación económica, la pérdida del poder adquisitivo y en concreto por algunos puntos de la reforma laboral.
En concreto, el artículo 44 que se aprobó en el Senado introduce un nuevo esquema para la remuneración de los trabajadores que sufran un accidente o una enfermedad no vinculados con la actividad laboral y se vean inhabilitados para trabajar, que recibirán el 50% de su salario, y en las situaciones en que la imposibilidad de trabajar no derive de una acción voluntaria ni de un conocimiento previo del riesgo para la salud, el monto a percibir asciende al 75 % de la remuneración.
El artículo votado por la Cámara Alta establece que el pago durante el período en cuestión dejará de ser del 100% del salario como ocurre ahora. Tanto los sindicatos como partidos de la oposición advierten que se trata de un retroceso en materia de derechos adquiridos.
Cabe recordar que el 10 de abril de 2025 la CGT llamó a un paro general, el tercer en el mandato de Milei. Sin embargo, como la UTA estaba en un período de conciliación obligatoria, no se adhirió y hubo colectivos. Eso le restó fuerza a la medida.
