Finalmente se dictó la prisión preventiva para los empleados de la Legislatura acusados de abuso

La Justicia penal de La Plata dictó la prisión preventiva para la pareja de empleados del Senado bonaerense acusados de abuso sexual con acceso carnal contra al menos cuatro víctimas. Se trata de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, agentes de planta permanente de la Legislatura, detenidos desde el 29 de diciembre.

La medida fue solicitada por la fiscal Betina Lacki, quien pidió al juez de Garantías Juan Pablo Massi que mantuviera la detención de los imputados. El magistrado hizo lugar al planteo y ordenó que continúen privados de la libertad.

Tal como informó agencia DIB días atrás, la fiscal que encabeza la causa resolvió ampliar la imputación contra los acusados de liderar una estructura de características sectarias dentro de la Legislatura. Según trascendió, dos nuevas víctimas declararon y relataron una serie de abusos.

Los nuevos elementos probatorios indican que los hechos no solo se habrían cometido en ámbitos privados, sino también en los propios despachos de la Cámara Alta. De acuerdo con fuentes judiciales, la fiscalía analiza ahora si existió una posible red de encubrimiento por parte de funcionarios de mayor jerarquía.

El dictamen judicial sostiene que las víctimas eran captadas mediante un ardid de tipo “guía espiritual” o “mesiánico”, para luego ser sometidas a vejaciones físicas y sexuales. En ese marco, las pruebas obtenidas de teléfonos y dispositivos electrónicos de los imputados resultaron determinantes para avanzar con la ampliación de la acusación. Sobre el rol de la pareja, la imputación remarca que la mujer detenida, lejos de proteger a las integrantes de la agrupación, era quien las acercaba al entramado de abusos.

El expediente cuenta actualmente con cuatro damnificadas reconocidas formalmente -dos en una causa iniciada en 2019 y otras dos incorporadas en 2025-, aunque los investigadores presumen que el número real de mujeres atacadas podría ser mayor. En ese sentido, la Justicia encuadró los hechos como abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud mental de las víctimas, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.

Los testimonios coinciden en la existencia de ritos de castigo físicos, como laceraciones y caminatas sobre fuego, que buscaban anular la voluntad de las jóvenes. La investigación avanza ahora sobre la posible responsabilidad de otros niveles del Senado bonaerense.