Diario Lider
El Gobierno logró imponer hoy en el Congreso su dictamen del Presupuesto para el año próximo, que prevé una inflación del 10%% y un crecimiento del 5%, tras ceder fondos discrecionales a gobernadores dialoguistas y con dos importantes modificaciones de último momento: la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, lo que confirmaría el ajuste en ambos sectores.
El dictamen, conseguido con 28 firmas en la Comisión de Presupuesto presidida por Alberto Benegas Lynch, le permitirá al Ejecutivo llevar el proyecto al recinto este miércoles, jornada en la que podría dar un paso fundamental para alcanzar el objetivo político de hacerlo ley antes de fin de año Si lo logra, 2026 sería el primer año en que el Javier Milei contaría con pauta de gastos e ingresos aprobado desde que llegó al gobierno, en 2023.
La mayoría que permitió a La Libertad Avanza lograr el dictamen se nutrió de votos del oficialismo, Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal -donde están representados los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)-, el bloque Elijo Catamarca, que responde a Raúl Jalil, Producción y Trabajo, del sanjuanino Marcelo Orrego, y el espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo.
En la negociación, el Ejecutivo hizo uso de los Aporte del Tesoro Nacional -los ATN- que se entregan en forma discrecional a las provincias teóricamente para afrontar situaciones excepcionales: 43 mil millones de pesos para Tucumán, Misiones y Chaco. Además, sumó el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, pedido por las provincias mineras.
A última hora, LLA incluyó, en el artículo 75 de la iniciativa, la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades, vigentes pero que no cumple bajo el argumento de que no incluyeron las partidas de gastos para financiarlas, lo que generó reclamos judiciales. El último de ellos derivó en un fallo lo obliga a aplicar la Emergencia, pero el Ejecutivo lo apeló.
Si se aprobase como tal, el ajuste que el gobierno nacional dispuso sobre esas áreas quedaría confirmado por ley.
Disidencias
Durante el debate, hoy dos dictámenes de minoría, uno Unión por la Patria y otro de Provincias Unidas. El PRO y la UCR, en tanto, plantearon una disidencia ya que había votado a favor las leyes que ahora se derogan. Pero no lo hicieron el resto de los bloques de la oposición dialoguista, que también los habían acompañado.
Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin calificó de “falta de respeto institucional” la derogación de las leyes. Justamente, el dictamen en disidencia de ese sector garantiza el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica. El proyecto opositor también contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.
La disidencia de Pro, en tanto, incluyó también un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, cuyo pago se acordó con Luis Caputo tras un fallo judicial. Pero no hubo ninguna acción similar del PJ para reclamar por los fondos que se retrajeron a la PBA, que Axel Kicillof calculó en unos 9 mil millones de dólares.
El corazón del proyecto
El texto del proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero -con intereses de la deuda- del 0,2% del PBI.
A la vez, proyecto subas en partidas sociales muy por debajo de la inflación prevista, ya de por sí baja: del 5% en gasto de jubilaciones, un 17% en salud y un 8% en educación, mientras que deja pendiente de resolver el reclamo de las provincias por las cajas previsionales.
