El Gobierno habla de "diálogo", pero Milei ya vetó el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Pese a la apertura al diálogo que supuso el anuncio de la recreación del Ministerio del Interior, a cargo ahora de Lisandro Catalán, el presidente Javier Milei concretó los vetos de varios proyectos de ley clave, tal como había anunciado y en consonancia con su plan económico. Ya vetó la ley de Emergencia en Pediatría y la Financiamiento Universitario. En tanto, estiró la definición sobre el proyecto que impulsan los gobernadores para redistribuir fondos con las provincias - los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Fuentes del gobierno dijeron a DIB que “por ahora”, la idea del Gobierno es aplicar “vetos totales”, pero lo llamativo de la actitud del Gobierno es que, al mismo tiempo, Milei propone abrir una mesa de diálogo político con los gobernadores para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que le permita reponerse de cara a los comicios nacionales de octubre.

En tanto, figuras como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, son más proclives a buscar una diagonal para evitar nuevas derrotas en el parlamento. Cabe recordar que, días atrás, la Cámara de Diputados y el Senado reunieron dos tercios para revertir uno de los vetos de Milei e insistir con el proyecto de emergencia en discapacidad. En el caso de la ley que actualiza jubilaciones, (también vetada por el Poder Ejecutivo), la oposición no reunió el número necesario en la Cámara baja.

Pero por otra parte, Milei sigue exhibiéndose inflexible con las leyes que, para él, tienen un costo fiscal que atenta contra su “modelo” de déficit cero. Puertas adentro, el jefe de Estado le repite a sus colaboradores lo que viene transmitiendo públicamente en distintos mensajes oficiales. “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico de equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y bandas cambiarias pactadas con el FMI”, escribió el primer mandatario en X.

Veto a la Emergencia en Pediatría
Este jueves apareció en el Boletín Oficial el veto presidencial a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. De esta manera, el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación y quedará sujeto a ser tratado por ambas cámaras.

A través del decreto 651/2025, el presidente Javier Milei sostuvo que la norma era imprecisa en sus definiciones, generaba un fuerte impacto presupuestario y ponía en riesgo el equilibrio fiscal.

Entre los principales argumentos, el decreto señala que la ley contenía “mandatos abiertos” sin parámetros verificables ni procedimientos claros, lo que dificultaba la implementación y abría la puerta a interpretaciones dispares y a un posible aumento de la litigiosidad. También cuestiona que no estuviera delimitado qué se entiende por “funciones críticas” ni qué personal sería alcanzado por las medidas.

Uno de los puntos centrales de la objeción fue el costo fiscal. Según cálculos oficiales, la recomposición salarial prevista para el personal de salud pediátrica y residentes representaba un gasto de más de 115 mil millones de pesos, al que se sumaba la exención del impuesto a las Ganancias para guardias y horas extras. El financiamiento propuesto, basado en reasignar partidas del Ministerio de Salud y utilizar fondos de contingencia, implicaría –de acuerdo al Gobierno– desfinanciar programas estratégicos como vacunación, VIH, tuberculosis, medicamentos esenciales y tratamientos oncológicos.

El texto también remarcó que la medida generaba “distorsiones inequitativas” al beneficiar únicamente al personal pediátrico, en desmedro de otros trabajadores de la salud. Además, advertía que impactaba en 1.195 residentes cofinanciados entre Nación y provincias, lo que podría tensionar las cuentas provinciales y la coordinación federal.

Respecto del Hospital Garrahan, que la ley declaraba de referencia nacional, el Ejecutivo consideró que tal reconocimiento era innecesario: según el decreto, el establecimiento ya funciona como centro de alta complejidad con déficit cero y financiamiento asegurado.

Finalmente, el decreto defendió la decisión como una herramienta constitucional prevista en el artículo 83, y afirmó que el debate sobre gastos extraordinarios en salud debe darse en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional. “No se puede gastar más de lo que ingresa”, sostiene el texto, en línea con la política oficial de equilibrio fiscal y emisión monetaria cero.

Paro y Marcha Federal Universitaria
En tanto, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue formalizado a través del decreto 647/2025, publicado este miércoles y que representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.

La norma planteaba medidas concretas para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. Entre ellas, establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) habían anunciado la realización de un paro de 24 horas tras conocerse el veto presidencial del proyecto, que fue confirmado para este viernes 12 de septiembre, y la organización de una Marcha Federal coincidiendo con la eventual sesión parlamentaria que deba tratar la reversión del decreto.

 
Emergencia en discapacidad: sin judicialización
En tanto, Milei finalmente no judicializaría la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado hace unos días por el Congreso en una medida que no se daba hace 20 años, pero que el presidente objeta por el modo en que fue sancionada.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la cámara e impulsor de la ley, dijo que debería comenzar a aplicarse esta misma semana. Pero la ley aún no fue reglamentada ni hay pistas en el Boletín Oficial. El Gobierno la demora. Desde el Congreso amenazan a ir por Guillermo Francos si no aplica, a través de una ley de moción.

"Si es de imposible aplicación es de imposible de aplicación. No importa las amenazas del Poder Legislativo. Que vayan y lo echen a Francos", estalló un funcionario en Casa Rosada.

En el Gobierno se escudan en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. "Ahí te dice de dónde sale la guita. Cualquier proyecto de ley por fuera del Presupuesto tiene que establecer su financiamiento", responden en Balcarce 50.

Hay versiones en los pasillos de Rosada de que las estrategia sería realizar una aplicación parcial. Pero hay muchas dudas. Por ahora solo hay una certeza: a la justicia Milei no va. El costo político de ir contra los discapacitados fue alto. Y más en medio de la conmoción por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.