Seguridad aprobó un protocolo que habilita el accionar de policías encubiertos en redes sociales y webs

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó, a través de la Resolución 828/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial, la aprobación del “Protocolo Particular para la Actuación de los Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales”, una normativa que regula por primera vez la participación de estos agentes para investigar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, estafas y otros.

La norma se inscribe en el marco de la Ley 27.319, que desde 2016 regula la utilización de agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes y técnicas como la entrega vigilada. Ahora, ante el uso creciente de redes sociales y plataformas digitales para la comisión de delitos complejos, el Gobierno nacional incorporó un protocolo específico que contempla la actuación de estos agentes en entornos virtuales.

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Según establece la resolución, tanto las fuerzas de seguridad federales como el Poder Judicial ya venían utilizando estas herramientas de forma presencial y digital, aunque hasta el momento no existía un marco reglamentario adaptado a los desafíos del ciberespacio.

Con este nuevo protocolo, “el Ministerio apunta a dar mayor respaldo legal y operativo a las investigaciones que requieren intervención encubierta en medios digitales”.

La normativa incluye lineamientos para la selección, capacitación y protección de los agentes, en línea con las garantías establecidas en la legislación vigente sobre protección de testigos e imputados.

Además, se instruyó a las cuatro fuerzas federales —Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria—, así como al Servicio Penitenciario Federal, a poner en conocimiento de sus áreas correspondientes las nuevas disposiciones.

Desde la cartera que conduce la ministra Patricia Bullrich, destacaron que “esta actualización busca fortalecer la política criminal del Estado y dotar de herramientas modernas y eficaces a las fuerzas encargadas de prevenir y combatir delitos complejos, sin desatender los estándares legales y los derechos fundamentales”. (DIB)